Algunos aspirantes al asilo ponen sus esperanzas en la política de la era Trump

Una política revivida de la era Trump para hacer que los solicitantes de asilo esperen en México para las audiencias en los tribunales de Estados Unidos es vilipendiada por los defensores de la inmigración y repudiada por la administración Biden, que actuó bajo la orden de un juez. El solicitante de asilo Alexander Sánchez, de Venezuela, tiene una opinión más favorable.

“No hay otra forma de cruzar legalmente y, por eso, creo que es bueno”, dijo en un refugio para migrantes en Reynosa, una ciudad fronteriza mexicana donde vive desde hace nueve meses con su esposa y su hija de 5 años.

El optimismo de Sánchez refleja la desesperación de los migrantes que han visto cómo se les ha cerrado el asilo bajo las restricciones de Estados Unidos que niegan la protección humanitaria con el argumento de evitar la propagación del coronavirus, otra política de la era Trump que el gobierno de Biden apoya.

Estados Unidos devolvió a sus primeros solicitantes de asilo de Brownsville, Texas, a partir del 25 de enero, en virtud de su política de “Protocolos de Protección de Migrantes”. Apenas se notó, es el último paso en un lento despliegue a lo largo de la frontera para hacer que las audiencias de asilo estén disponibles para los migrantes que esperan en México.

Hasta ahora, el “MPP 2.0” palidece en comparación con las restricciones relacionadas con la pandemia para solicitar asilo en la frontera. Sólo 381 migrantes han sido devueltos a México para esperar las audiencias desde el 6 de diciembre, cuando se reanudó en El Paso, Texas, hasta el miércoles, según la agencia de migración de la ONU.

Las autoridades estadounidenses expulsaron a los migrantes más de 1,5 millones de veces sin oportunidad de pedir asilo desde marzo de 2020, bajo las restricciones por pandemia conocidas como autoridad del Título 42, llamado así por una ley de salud pública de 1944. Sólo en diciembre, fueron expulsados casi 80.000 veces.

Walter Alexis Beltrán dijo que quedarse en un campamento de unos 2.000 migrantes en la plaza central de Reynosa con su esposa y su hija de 4 años era mejor que vivir en su casa en El Salvador. El optometrista cobra 25 centavos por cargar los teléfonos de los migrantes con una batería que compró con sus últimos ahorros.

Beltrán lleva cuatro meses viviendo en el campamento, decepcionado porque las autoridades estadounidenses lo enviaron de vuelta a México bajo la autoridad del Título 42 sin poder presentar su caso de asilo. Dijo que pagó a un contrabandista 4.500 dólares para llegar a Estados Unidos desde México.

“El MPP tiene ventajas y desventajas”, dijo Beltrán en medio de un laberinto de tiendas de campaña. “La desventaja es que es peligroso aquí”.

Sus esperanzas pueden estar equivocadas. Menos del 1% de las reclamaciones fueron concedidas entre más de 70.000 personas en el MPP desde su lanzamiento en enero de 2019 hasta cuando el presidente Joe Biden lo suspendió en su primer día de mandato hace un año, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Alrededor de la mitad estaban pendientes y el resto denegados o desestimados.

En agosto, el juez de distrito de Estados Unidos Matthew Kacsmaryk, designado por Trump en Amarillo (Texas), ordenó que se restableciera la política “de buena fe”, sujeta a la aceptación de México, lo que desencadenó meses de intensas conversaciones bilaterales. Biden ha sido muy crítico con la política, en gran medida porque expone a los migrantes a una violencia extrema mientras esperan en México.

A pesar de la apariencia de que el asilo está prácticamente prohibido, las autoridades estadounidenses procesan a unas seis de cada diez personas que cruzan ilegalmente bajo las leyes de inmigración, que incluyen el derecho a solicitar asilo. Casi todos ellos -unos 100.000 sólo en diciembre- son liberados o detenidos en Estados Unidos mientras los jueces estudian sus casos. La administración no ha dicho por qué tantos pueden pedir asilo mientras permanecen en EE.UU. – y tantos no pueden.

Se necesita más claridad sobre las políticas de Estados Unidos, dijo Abraham Barberi, fundador del albergue para migrantes Dulce Refugio de Matamoros, al este de Reynosa, que está en contacto regular con las autoridades estadounidenses.

“Su objetivo es que venga menos gente y desanimar a la gente, pero tienen que dejar claro quién puede venir y quién no”, dijo Barberi. “La gente necesita una dirección clara”.

Las conversaciones para reanudar el MPP comenzaron cada dos semanas después de la orden del juez en agosto y se hicieron más frecuentes a medida que los negociadores abordaban un número creciente de puntos conflictivos y de logística, y a medida que las pequeñas caravanas de migrantes se desplazaban por el sur de México.

Desde el principio, a México le preocupó la posibilidad de devolver al estado de Tamaulipas, considerado la zona más peligrosa de la frontera, a las personas con citas judiciales en Estados Unidos. Se encuentra frente al Valle del Río Grande de Texas, el corredor más activo para los cruces ilegales.

El gobierno de Biden puso en marcha el “MPP 2.0” en El Paso con planes para procesar a entre 30 y 50 personas al día allí, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato. Se quedaron muy cortos, incluso después de extender la política a San Diego a principios de enero.

DeDe los 256 solicitantes de asilo devueltos desde El Paso hasta el 12 de enero, los nicaragüenses representaban aproximadamente tres de cada cinco y los venezolanos y cubanos la mayoría del resto, según Human Rights First, un grupo de defensa.

El gobierno de Biden se ha negado a decir cuántos solicitantes de asilo han sido devueltos a México con fechas de corte en los EE.UU. desde que se reanudó la política y no ha proporcionado un desglose por nacionalidad.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en respuesta a las preguntas que los migrantes no pueden elegir participar en el MPP y que la política se aplica a aquellos que no pueden ser expulsados bajo las restricciones de la pandemia. No ha dicho quiénes son esas personas, pero México sólo acepta a personas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador bajo la orden de salud pública de Estados Unidos. Otras personas procedentes de países del hemisferio occidental son puestas en libertad con órdenes de comparecencia ante los tribunales o detenidas en EE.UU. hasta que puedan ser trasladadas a su país, lo que las convierte en principales candidatas al MPP.

Los migrantes siguen llegando al campamento de Reynosa. Ruth Rubio, Marvin López y su hija de 6 años huyeron de Honduras después de que dos de los hermanos de Rubio fueran asesinados por la violencia de las bandas. Sin orientación del gobierno estadounidense, están esperando indefinidamente para saber si hay una manera de solicitar asilo sin cruzar la frontera ilegalmente. A la hija de 20 años de Rubio, que resultó herida en Honduras, se le permitió esperar en Estados Unidos a la espera de una decisión sobre el asilo.

La política restablecida de esperar en México para las audiencias judiciales en EE.UU. se espera que se extienda pronto a las ciudades fronterizas de Texas, Laredo y Eagle Pass.

“Si es la única manera (de obtener asilo en Estados Unidos), es bienvenida”, dijo Juan Antonio Sierra, de la Pastoral de la Movilidad Humana en Matamoros, un grupo de ayuda a los migrantes afiliado a la Iglesia Católica.

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Spagat informó desde San Diego. Ben Fox en Washington contribuyó.