Aumentan las impugnaciones contra el presidente de Perú y su familia

La sorpresiva elección del presidente Pedro Castillo trajo consigo la esperanza de un cambio en el inestable y corrupto sistema político de Perú, pero el empobrecido maestro rural y neófito político se ha visto tan envuelto en votaciones de destitución y acusaciones de corrupción que su presidencia se ha convertido en un ejercicio de supervivencia política.

Las posibilidades de que el líder izquierdista pudiera llevar a cabo una política emblemática como la mejora de la educación o la sanidad eran escasas al principio, dada su falta de apoyo en el Congreso, y se han evaporado a medida que se centra en mantenerse en el cargo y en la libertad de su familia.

En poco más de un año como presidente, Castillo ha sobrevivido a dos votaciones en el Congreso para destituirlo, ha nombrado a más de 60 ministros en los 19 organismos que componen su gabinete y se ha enfrentado a seis investigaciones penales por acusaciones que van desde el tráfico de influencias hasta el plagio, una de las cuales ha llevado a un familiar cercano a la cárcel. Las investigaciones están en su fase inicial y no se han presentado cargos formales.

Castillo dice que no ha tenido “ni un solo minuto de tregua” desde que asumió el cargo y lo achaca a que la élite política peruana quiere que se vaya.

“No hablo como ellos, no me siento en esas mesas opulentas como ellos”, dijo a la gente reunida en una remota comunidad del desierto. Más tarde, dijo a un grupo de madres a las puertas de una escuela recientemente restaurada que él procede de la clase baja y que las acusaciones no le “doblegarán”.

Pero las tribulaciones de Castillo siguen un patrón en Perú, que recientemente tuvo tres presidentes diferentes en una sola semana después de que uno fuera destituido por el Congreso y las protestas obligaran a su sucesor a dimitir. Casi todos los ex presidentes peruanos que han gobernado desde 1985 se han visto envueltos en acusaciones de corrupción, algunos encarcelados o arrestados en sus mansiones. Uno de ellos murió por suicidio antes de que la policía pudiera detenerlo. Castillo derrotó a la hija de uno de esos presidentes, Alberto Fujimori, en las elecciones del año pasado.

Las investigaciones preliminares de la fiscalía contra Castillo son una novedad para un presidente en ejercicio en Perú, al igual que la detención preventiva de su cuñada por acusaciones de lavado de dinero.

La Constitución de Perú no dice específicamente si un presidente en funciones puede ser investigado por delitos, y en las últimas dos décadas, los fiscales generales habían propuesto iniciar investigaciones iniciales a tres presidentes en funciones. En octubre de 2020 se abrió una contra el entonces presidente Martín Vizcarra, pero el fiscal general la congeló inmediatamente hasta el final del mandato presidencial.

Ahora, sin embargo, hay una nueva fiscal general, Patricia Benavides, quien ha prometido ir “tras la investigación de cualquier acto delictivo, ya sea del más poderoso o de cualquier ciudadano común.”

Cuando asumió el poder, Castillo no sólo se enfrentó a un Congreso fragmentado y a su propia inexperiencia política, sino a una élite desconfiada y molesta con las controvertidas promesas de campaña que incluían la nacionalización de industrias clave.

Castillo era un maestro de escuela rural en el tercer distrito más pobre de Perú antes de llegar al palacio presidencial. Su única experiencia de liderazgo antes de llegar a la presidencia fue como jefe de una huelga de maestros en 2017.

Esa inexperiencia hace que algunos duden de que sea el “cabecilla” de la trama de corrupción, como alegan los críticos.

“Dicho esto, no se puede mirar el historial de Castillo y decir: ‘Oye, este tipo es honesto’. Así que, ¿cómo los juntamos?”, dijo Cynthia McClintock, una profesora de ciencias políticas de la Universidad George Washington que ha estudiado extensamente a Perú. “Mi sensación es que una parte de él no entiende del todo el cuidado que debe tener. ¿Si simplemente pensó que esta era la forma de hacer negocios? No está claro en este momento”.

Cinco de las investigaciones contra Castillo están vinculadas a lo que los fiscales describen como una red criminal liderada por el presidente, que involucra tráfico de influencias y otros delitos. Una sexta investigación lo acusa a él y a su esposa de plagiar sus tesis de maestría hace una década.

Uno de los casos tiene que ver con un contrato ganado por un grupo de empresarios en 2021 para construir un puente. Las autoridades dicen que un informante afirma que el ex ministro de Transporte, Juan Silva, le dijo a fines del año pasado que Castillo estaba “feliz” cuando recibió 12.900 dólares tras la adjudicación del contrato. Silva es considerado un prófugo.

En otro caso, los fiscales alegan que Castillo, su ex secretario personal y un ex ministro de Defensa solicitaron el ascenso de varios militares o policías porque esos movimientos les reportarían dinero. Las autoridades dicen que tienen declaraciones del ex jefe del Ejército, José Vizcarra, en las que afirma que fue presionado parapromover a los militares cercanos al gobierno.

Las autoridades también sospechan que Castillo ha obstruido la justicia por destituir a un ministro del Interior que había creado un equipo para capturar a Silva y a uno de los sobrinos del presidente, que también está vinculado a la investigación del contrato del puente.

“Lo ideal sería que el presidente renunciara”, dijo el mes pasado Lady Camones, titular del Congreso de Perú. “Se le ha pedido que lo haga… Sería el escenario ideal. Pero esperemos en todo caso que la evaluación la haga el presidente”.

En otra investigación preliminar, agentes de la fiscalía ingresaron el mes pasado al palacio presidencial de Lima para detener a Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, a quien éste crió y considera una hija. Buscaron debajo de la cama de Castillo y en los armarios del dormitorio presidencial, según un informe de registro obtenido por The Associated Press.

Paredes se entregó un día después. Un juez dictaminó entonces que puede ser detenida hasta febrero de 2025 mientras las autoridades investigan su presunta participación en el lavado de dinero.

“No les importa romper la familia. No les importa dejar a nuestros hijos huérfanos, se ha diseñado una situación con el propósito de quebrarnos”, dijo Castillo.

El abogado de Paredes, José Dionicio, dijo que los fiscales no tienen pruebas contra su cliente.

El historiador Charles Walker, director del Instituto Hemisférico de las Américas de la Universidad de California, Davis, dijo que la posición de Castillo es un reflejo de la arraigada corrupción que rodea al gobierno y de una oposición implacable que siente que está perdiendo poder.

“Es una tormenta perfectamente desgraciada”, dijo Walker. “Parece que, en torno a él, hay un círculo de personas que obtienen contratos, que hacen trabajos de mala calidad, es decir, la corrupción clásica, casi tradicional”.

“Pero, por otro lado, tienes a esta derecha que se siente como si estuviera asediando Vietnam, que la ultraizquierda se ha hecho con el control… y existe esta increíble paranoia. Creo que esto casi necesita una explicación psicológica porque la mayoría de sus beneficios siguen intactos; la economía de la élite va bastante bien.”