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Los legisladores de California fracasaron a primera hora del jueves en su intento de sustituir los límites al porte de armas ocultas que fueron anulados por una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Una medida que habría promulgado más de tres docenas de nuevas restricciones fracasó por un voto cuando los legisladores levantaron la sesión. El senador demócrata Anthony Portantino, que impulsó el proyecto de ley junto con el fiscal general Rob Bonta, prometió volver a presentar la legislación el día en que los legisladores vuelvan a reunirse en diciembre después de las elecciones de noviembre.
“Esta noche, California se ha vuelto menos segura al no aprobar el proyecto de ley para hacernos coherentes con la decisión del Tribunal Supremo”, dijo Portantino. “Es lamentable, es triste, es sorprendente”.
El Tribunal Supremo anuló en junio una ley de Nueva York que exigía que las personas que quisieran obtener una licencia para llevar un arma en público demostraran una necesidad particular, como una amenaza directa a su seguridad.
California se encuentra entre la media docena de estados con requisitos similares que están luchando por hacer ajustes en virtud de la sentencia que hizo que sus leyes existentes fueran inaplicables, con Nueva York procediendo con sus nuevos límites incluso cuando el esfuerzo de California fracasó.
El objetivo era “ir más allá” sin provocar otra revocación del Tribunal Supremo, dijo Portantino sobre su proyecto de ley.
Bonta también dijo que “la seguridad de los californianos” está en riesgo sin un reemplazo.
“Habría una enorme afluencia de solicitantes ahora que el componente de ‘causa justa’ ha sido anulado por el Tribunal Supremo de EE.UU., y no hay suficientes precauciones de seguridad para las personas que buscan eso”, dijo Bonta mientras presionaba sin éxito para la aprobación del proyecto de ley. “Si este proyecto de ley no se aprueba, las personas que no se han sometido a una evaluación exhaustiva de seguridad pueden obtener un arma oculta y llevarla a lugares (sensibles)” como escuelas, patios de recreo, cabinas de votación y estadios deportivos.
Bonta calificó la medida fallida como “una respuesta completamente constitucional que promueve la seguridad de los californianos frente a la violencia con armas de fuego.”
Pero la medida nunca obtuvo los 54 votos que necesitaba en la Asamblea de 80 miembros para entrar en vigor inmediatamente. Se quedó a un voto de esa mayoría de dos tercios antes de fracasar finalmente en una votación de 52-23 cuando el tiempo se agotó.
Los opositores dijeron que el proyecto de ley violaba la intención de la decisión del alto tribunal al apuntar a los propietarios de armas respetuosos de la ley en lugar de concentrarse en los delincuentes que no es probable que sigan la ley.
“El cebo y el cambio de este proyecto de ley es falso”, objetó el asambleísta republicano Thurston “Smitty” Smith. “Esta respuesta a un desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo es un intento inconstitucional de encontrar una solución”.
El asambleísta demócrata Reggie Jones-Sawyer, que llevó el proyecto de ley en la Asamblea, dijo que su objetivo era mantener las armas legalmente fuera de las manos de quienes pudieran ser peligrosos. Dijo que se lograba el equilibrio adecuado entre la seguridad pública y los derechos de los propietarios de armas, a la vez que era coherente con la sentencia del Tribunal Supremo.
“El aumento del porte público de armas de fuego conduce a más violencia”, argumentó sin éxito Jones-Sawyer. “Más armas en la calle equivale a más posibilidades de violencia mortal, más posibilidades de que esas armas acaben en las manos equivocadas”.
Las restricciones habrían incluido el aumento de la edad mínima de 18 a 21 años, la exigencia de al menos 16 horas de formación y el establecimiento de nuevas normas para la comprobación de antecedentes que incluyan la toma repetida de huellas dactilares, al menos tres referencias de carácter y una revisión de las publicaciones de los solicitantes en las redes sociales.
La propuesta se centró en que los jueces permitieran la prohibición de armas en áreas sensibles, incluyendo más de dos docenas de zonas prohibidas en California.
Entre ellas:
Escuelas, tribunales, edificios gubernamentales, instituciones penitenciarias, hospitales y otras instalaciones médicas, aeropuertos, transporte público, reuniones públicas especificadas, negocios donde se vende licor para el consumo en el lugar, parques públicos o instalaciones deportivas, casinos, estadios deportivos, bibliotecas, iglesias, zoológicos, museos, parques de atracciones, bancos, centros de votación, y cualquier negocio a menos que tenga un cartel que diga que los licenciatarios pueden poseer su arma de fuego.
La prohibición habría abarcado todas las propiedades, incluyendo los aparcamientos.
Los opositores dijeron que los legisladores malinterpretaron un reconocimiento de “lugares sensibles” hecho por el difunto juez Antonin Scalia en otra sentencia histórica sobre armas de fuego en 2008. Scalia mencionó escuelas y edificios gubernamentales, y eso es todo lo que quiso decir, argumentó Gun Owners of California.
El grupo objetó además que la legislación convertiría a los jóvenes de 18 a 20 años en “medio ciudadanos” al prohibirles portar armas ocultas, y que los legisladores estánaumentando las restricciones a algunos de “los ciudadanos más respetuosos con la ley en el estado” – los que obtienen los permisos de porte.
Los legisladores “no están llegando al núcleo del problema de la violencia con armas que estamos experimentando…. Son los criminales y otras personas prohibidas las que consiguen estas armas y cometen asesinatos en masa”, dijo el líder del GOP en la Asamblea, James Gallagher, cuando los legisladores añadieron las enmiendas la semana pasada. “El problema no es la gente que respeta la ley. El problema es el crimen y tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que tener una aplicación real de la ley”.
Los defensores de las restricciones a las armas y de los derechos de los propietarios de armas se dividen además en cuanto a si la medida pendiente de California cumple con la reciente sentencia del Tribunal Supremo.
El proyecto de ley “ayudaría a California a responder eficazmente a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. … y ayudaría a proteger al público de los riesgos que la sentencia podría suponer para la salud y la seguridad de las comunidades en nuestro estado”, dijo el Giffords Law Center to Prevent Gun Violence.
Promueve una “investigación más robusta” para asegurarse de que aquellos que son peligrosos no están portando armas legalmente en público; una mejor formación para aquellos que portan legalmente; y la prohibición de armas en “lugares especialmente sensibles”, dijo el grupo.
Las disposiciones del proyecto de ley “son coherentes con las normas afirmadas por el Tribunal Supremo de EE.UU.”, dijo Giffords, y son similares a las restricciones en al menos 21 y hasta 43 otros estados.
Pero la Firearms Policy Coalition dijo que las numerosas restricciones “harían casi imposible el porte público”, permitirían las denegaciones basadas únicamente en las publicaciones en las redes sociales, exigirían a los propietarios de negocios decir públicamente cuál es su posición respecto a los derechos de las armas y añadirían más subjetividad a la revisión de las solicitudes por parte de los funcionarios, en violación de la decisión del Tribunal Supremo.
Un juez federal anuló la semana pasada una de las pocas restricciones de Texas sobre las armas de fuego, una ley que prohíbe a los adultos menores de 21 años llevar un arma de fuego sin licencia, verificación de antecedentes o formación.
Los legisladores aprobaron un segundo proyecto de ley para aclarar la intención de una ley firmada por el gobernador Gavin Newsom en julio que prohibía la comercialización de armas de fuego a menores.
Las asociaciones que representan a los propietarios de armas y a la industria de las armas de fuego demandaron, diciendo que el lenguaje era tan amplio que efectivamente prohibía los programas de seguridad para cazadores y los campamentos juveniles que incluyen cursos de tiro al blanco o de armas de fuego.
El texto revisado exime de la publicidad de clases o eventos relacionados con la seguridad de las armas de fuego, la caza o el tiro deportivo, o la promoción de la afiliación a cualquier organización.
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El periodista de Associated Press Adam Beam contribuyó a este artículo.
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