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La ley japonesa que obliga a las mujeres casadas a obtener el consentimiento de sus maridos para abortar ha sido condenada enérgicamente por los defensores de los derechos humanos.
El país tiene una de las leyes de aborto más restrictivas entre las naciones ricas del mundo, siendo Japón una de las 11 naciones que requiere el permiso de un tercero para la interrupción del embarazo.
En mayo, un alto funcionario del Ministerio de Sanidad de Japón dijo que por fin daría luz verde a una píldora abortiva fabricada por la empresa farmacéutica británica Linepharma International, que es una forma de aborto médico. Sin embargo, suscitó la polémica cuando dijo que las mujeres tendrían que obtener el permiso de su pareja para abortar.
El aborto médico consiste en tomar dos píldoras, mientras que el aborto quirúrgico implica un procedimiento médico con anestesia general o local.
Kana Doi, directora en Japón de Human Rights Watch, ha arremetido contra las leyes al advertir que infringen la legislación internacional.
“El requisito del consentimiento del cónyuge viola los derechos de las mujeres según el derecho internacional y empujará a algunas mujeres a buscar abortos clandestinos cuando no puedan obtener el permiso requerido”.
“Sólo una persona debe decidir si una mujer puede abortar o no: la propia mujer”.
Los abortos médicos se permitieron en el Reino Unido en 1991 y en Estados Unidos en el año 2000; los datos del gobierno británico muestran que el 14% de los abortos en el Reino Unido fueron médicos en 2002, mientras que el 87% de los abortos fueron inducidos médicamente en 2021.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación de la ONU y la Organización Mundial de la Salud han instado a Japón a revisar sus leyes sobre el aborto.
La ley japonesa incluye algunas excepciones para los casos en los que una mujer no necesita el permiso de su pareja para abortar, como cuando ha sido víctima de una violación o si la interrupción del embarazo supone un riesgo para su salud.
Japón, que ha sido considerado el país con la menor igualdad de género entre los países del G7, sólo permitió las píldoras anticonceptivas en 1999.
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