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El Congreso de Perú se dispone a considerar el martes la celebración de elecciones anticipadas, acosado por manifestantes que han bloqueado carreteras y se han enfrentado a las fuerzas de seguridad en medio de disturbios mortales en todo el país desde que los legisladores derrocaron al presidente Pedro Castillo.
Es la segunda vez en días que los legisladores -sin duda los más vilipendiados de una élite política ampliamente desacreditada- abordan la propuesta de adelantar al próximo año las elecciones para presidente y Congreso previstas originalmente para 2026.
La medida cuenta con el respaldo de la presidenta interina, Dina Boluarte, que sustituyó a Castillo después de que el ex maestro de escuela rural intentara disolver el Congreso el 7 de diciembre, una medida ampliamente condenada incluso por sus partidarios de izquierda como un autogolpe y un acto de suicidio político. Tras el fracaso, fue rápidamente detenido.
La propuesta de elecciones anticipadas no logró reunir suficientes votos la semana pasada después de que los legisladores de izquierda se abstuvieran, condicionando su apoyo a la promesa de una asamblea constitucional para revisar la carta política de Perú, algo que los conservadores denuncian por poner en riesgo el modelo económico de libre mercado de Perú.
“No se cieguen”, dijo Boluarte en comentarios durante el fin de semana, criticando a los legisladores por no actuar con más decisión para calmar las crecientes tensiones políticas. “Miren a la gente y actúen en consonancia con lo que pide”.
Castillo, un novato en política que vivía en una casa de adobe de dos pisos en la sierra andina antes de trasladarse al palacio presidencial, logró una ajustada victoria en las elecciones del año pasado que sacudieron a la clase política peruana y dejaron al descubierto las profundas divisiones entre los residentes de la vibrante capital, Lima, y el campo, descuidado durante mucho tiempo.
Los intentos de Castillo de romper el estancamiento con legisladores hostiles cerrando el Congreso no hicieron sino agravar esas tensiones. Pocas horas después de su intento de tomar el poder, fue destituido por el Congreso y encarcelado, acusado de intentar usurpar el poder en violación de la Constitución.
Boluarte, que cuenta con el respaldo de la administración del presidente estadounidense Joe Biden y habla con fluidez la lengua quechua nativa de muchos manifestantes, ha luchado por restablecer el orden en la convulsa nación.
En varias partes del país, los manifestantes que votaron por ella y la candidatura de Castillo el año pasado han desafiado un estado de emergencia de 30 días y han salido a las calles para exigir su dimisión inmediata.
El número de muertos por los disturbios aumentó a 26 el lunes, después de que las fuerzas de seguridad dispersaran con gases lacrimógenos a miles de mineros informales que cortaron la carretera Panamericana en dos puntos de estrangulamiento vitales durante más de una semana, obligando a los camioneros a tirar alimentos y pescado en mal estado con destino al mercado. Cientos de personas han resultado heridas.
Si los legisladores decidieran adelantar las elecciones, se quedarían sin trabajo. Según la Constitución peruana, los 130 miembros del Congreso tienen derecho a un solo mandato.
Boluarte también se enfrenta a la presión de otros izquierdistas de América Latina, encabezados por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Haciendo caso omiso de los llamamientos de Boluarte y otros para que no se meta en los asuntos internos de Perú, López Obrador ha criticado a los medios de comunicación conservadores de Perú y a la clase empresarial por la forma clasista y a veces intolerante en que retrataron a Castillo durante sus 17 meses de presidencia.
El lunes dijo que si los legisladores rechazan las elecciones anticipadas y se aferran al poder, y el presidente se queda, entonces “todo tendrá que lograrse por la fuerza y la represión, lo que llevará a una gran cantidad de sufrimiento e inestabilidad para el pueblo.”
El presidente mexicano ha reiterado su disposición a conceder asilo a Castillo, que fue interceptado por manifestantes y fuerzas de seguridad cuando intentaba huir a la Embajada de México en Lima después de que su intento de cerrar el Congreso fracasara.
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Los periodistas Joshua Goodman en Miami y Fabiola Sánchez en Ciudad de México contribuyeron a este despacho.
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