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El gobierno de Biden incluyó el año pasado de forma discreta al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández en una lista clasificada de funcionarios sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica, según el Departamento de Estado, que hizo pública la designación el lunes.
La lista fue proporcionada el verano pasado al Congreso de Estados Unidos en cumplimiento de la legislación impulsada por el ex congresista Eliot Engel, quien presidió el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes antes de ser derrotado en unas primarias demócratas en 2020.
La publicación de la llamada Lista Engel cayó como una bomba en Centroamérica, al contener los nombres de otro expresidente hondureño, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, entre más de 50 legisladores en activo, altos políticos y exfuncionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, los llamados países del “Triángulo Norte”.
Pero una omisión notable fue la de Hernández, que estaba en el poder en ese momento, pero que se tambalea por las acusaciones que salieron a la luz en el juicio por narcotráfico de su hermano, el ex legislador Antonio “Tony” Hernández, de que su ascenso político se había financiado con sobornos de narcotraficantes. Tony Hernández fue condenado en marzo en Nueva York a cadena perpetua.
Las personas que figuran en la lista generalmente no pueden obtener visados ni ser admitidas en Estados Unidos.
“El compromiso de Estados Unidos con la lucha contra la corrupción y la promoción de la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas en apoyo del pueblo de América Central es férreo”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado, citando “múltiples y creíbles informes de los medios de comunicación” de que Hernández había participado en importantes actos de corrupción al aceptar pagos de los narcotraficantes.
Con la renuncia de Hernández el mes pasado, el Departamento de Estado consideró que ya no era necesario mantener el secreto, dijeron dos personas familiarizadas con la sanción bajo condición de anonimato para hablar de las deliberaciones privadas.
La presión ha ido creciendo en Washington para ir tras Hernández mientras su sucesora, Xiomara Castro, busca mejorar las relaciones con Estados Unidos.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pidió este mes al gobierno de Biden que designara a Hernábdez como “importante narcotraficante extranjero” en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, lo que haría ilegal que las empresas e individuos estadounidenses hicieran negocios con él. Sus comentarios siguieron a una carta enviada al fiscal general Merrick Garland por la diputada Norma Torres, demócrata de California que copreside el grupo parlamentario sobre América Central en el Congreso, en la que se pedía al Departamento de Justicia de Estados Unidos que acusara a Hernández.
“Hernández ha sido una figura central en el socavamiento del estado de derecho en su propio país y en la protección y ayuda a los narcotraficantes para mover sus materiales a través de Honduras y hacia los Estados Unidos”, dijo Torres en ese momento. “Se le ha identificado repetidamente como co-conspirador en otros casos de tráfico de drogas y ha causado un dolor increíble tanto al pueblo de Honduras como al de Estados Unidos. Creo que es esencial que Estados Unidos lo haga responsable de su comportamiento criminal.”
Hernández ha comparado la atención de los fiscales con una caza de brujas alimentada por el falso testimonio de asesinos confesos que también fueron testigos clave en el juicio de su hermano.
En una declaración el lunes, promocionó su historial de persecución de los cárteles de la droga, que dijo que contaba con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas entre otras agencias federales, y cuestionó por qué la designación se basaba en informes de los medios de comunicación.
Citó informes del gobierno de Estados Unidos que muestran que el flujo de drogas a través de Honduras se redujo drásticamente desde que asumió el poder y que bajo su gobierno 59 narcotraficantes fueron extraditados o entregados a las autoridades estadounidenses.
“Estos narcotraficantes y asesinos confesos dominaban totalmente el país, pero desde mi llegada al congreso en 2010 y luego como presidente desde 2014 mi gobierno tomó decisiones y ejecutó acciones que redujeron considerablemente el flujo de drogas que llegaban a Estados Unidos”, dijo.
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