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El líder de Hong Kong rechazó el jueves las afirmaciones de que el poder judicial de la ciudad estaba perdiendo su independencia tras la dimisión de dos jueces británicos de los tribunales del territorio semiautónomo, alegando las leyes cada vez más opresivas promulgadas por China continental.
La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, dijo que aceptaba las dimisiones, pero insistió en que “el Estado de Derecho sigue siendo tan sólido como siempre.”
“Todo esto es un acuerdo político”, dijo Lam. “Está totalmente claro para todos, que los funcionarios del gobierno británico y los políticos británicos han utilizado estos medios para dañar nuestro muy respetado sistema judicial independiente, y creo que esto es muy lamentable”.
Los jueces británicos han formado parte del Tribunal de Última Instancia desde que Hong Kong fue devuelto a China en 1997, como parte de los esfuerzos para salvaguardar el Estado de Derecho. Pero Gran Bretaña y otras naciones occidentales dicen que China ha incumplido su promesa de mantener los sistemas sociales, legales y políticos propios de Hong Kong durante 50 años, en medio de una intensa represión de las instituciones de la ciudad tras las amplias protestas antigubernamentales de 2019.
Esos esfuerzos incluyeron la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 y los cambios en el sistema electoral que han acabado efectivamente con la oposición política en el territorio.
“Los tribunales de Hong Kong siguen siendo respetados internacionalmente por su compromiso con el Estado de Derecho”, dijo el presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido, Robert Reed, tras su dimisión del tribunal hongkonés. “Sin embargo, he llegado a la conclusión, de acuerdo con el gobierno, de que los jueces del Tribunal Supremo no pueden seguir actuando en Hong Kong sin que parezca que respaldan una administración que se ha apartado de los valores de la libertad política, y de la libertad de expresión.”
La ley de seguridad, que prohíbe la secesión, la subversión, el terrorismo y la connivencia con el extranjero, se ha utilizado para detener a más de 100 figuras prodemocráticas, entre ellas los más destacados líderes y activistas políticos.
Desde que se impuso la ley, la policía de Hong Kong ha realizado redadas en medios de comunicación críticos, como el Apple Daily, que posteriormente cerró y muchos de sus periodistas fueron detenidos.
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