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A principios de este mes, Nicaragua cerró siete emisoras de radio pertenecientes a la Iglesia católica e inició una investigación contra el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, acusándolo de incitar a actores violentos “a realizar actos de odio contra la población.”
No es la primera vez que el presidente Daniel Ortega actúa de forma agresiva para silenciar a los críticos de su administración. En 2018 el gobierno allanó la sede del periódico Confidencial, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, considerado uno de los más destacados críticos de Ortega. Luego, a lo largo de 2021, las autoridades detuvieron a siete posibles candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre de ese año.
A continuación, una mirada a la tensa relación entre la iglesia y el gobierno en medio de un enfrentamiento político que ya está en su quinto año, sin fin a la vista.
¿QUIÉN ES DANIEL ORTEGA?
Ortega, de 76 años, es un ex guerrillero del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional que ayudó a derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979 y fue presidente por primera vez desde 1985 hasta que dejó el cargo en 1990 tras ser expulsado.
Después perdió tres elecciones más antes de volver al poder en 2007. Ganó un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2021, lo que está ampliamente desacreditado ya que no se enfrentó a ninguna oposición real.
Los opositores de Ortega lo comparan regularmente con Somoza por sus tendencias autoritarias, y también lo acusan de ambiciones dinásticas. Su esposa, Rosario Murillo, es su poderosa vicepresidenta.
Bajo el mandato de Ortega, Nicaragua ha cultivado fuertes lazos con sus aliados Cuba y Venezuela, dos enemigos acérrimos del gobierno estadounidense.
¿CÓMO EMPEZARON LOS DISTURBIOS?
Una reforma de la seguridad social en 2018 desencadenó protestas masivas respaldadas por empresarios, líderes católicos y otros sectores. La respuesta del gobierno fue una represión por parte de las fuerzas de seguridad y las milicias civiles aliadas en la que murieron al menos 355 personas, unas 2.000 resultaron heridas y 1.600 fueron encarceladas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La estabilidad política nunca ha vuelto del todo.
Meses antes de la votación del año pasado, una encuesta reveló que el apoyo a cinco candidatos de la oposición ponía en duda la reelección de Ortega. En pocas semanas los cinco fueron arrestados, junto con otros dos posibles candidatos. Las autoridades los acusaron de ser responsables de los disturbios de 2018, diciendo que equivalía a un intento de “golpe terrorista” supuestamente respaldado por Washington.
“Ortega decidió suprimir cualquier posibilidad de perder. … Y eso significó arrestar a todo el mundo”, dijo entonces el analista político Oscar René Vargas a The Associated Press.
¿QUÉ PAPEL HA JUGADO LA IGLESIA?
Nicaragua es un país predominantemente católico, y la iglesia estuvo cerca de los Somoza desde los años 30 hasta los 70, cuando se distanció de la política después de que se atribuyeran muchos abusos a la dictadura. En un principio, la Iglesia apoyó a los sandinistas tras el derrocamiento de Somoza, pero esa relación se deterioró con el tiempo debido a las diferencias ideológicas. Con Ortega, los líderes católicos han apoyado a menudo a la élite conservadora del país.
Cuando estallaron las primeras protestas, Ortega pidió a la Iglesia que sirviera de mediadora en las conversaciones de paz, aunque finalmente fracasaron.
La iglesia nicaragüense ha sido notablemente comprensiva con los manifestantes y su causa. En abril de 2018, la catedral de Managua albergó a manifestantes estudiantiles y fue un lugar de recolección de alimentos y dinero para apoyarlos.
Figuras como el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, han sido tajantes en el rechazo a la violencia. Brenes calificó de justificadas las manifestaciones y Báez rechazó cualquier decisión política que perjudique al pueblo. Báez abandonó el país en 2019 a petición del Vaticano, un traslado que fue lamentado por la oposición y celebrado por los sandinistas en el poder.
Ortega ha respondido acusando a algunos obispos de formar parte de un complot para derrocarlo y llamándolos “terroristas.”
En marzo, el nuncio papal en Managua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, que participó como mediador y presionó para la liberación de los opositores al gobierno encarcelados, fue obligado por la administración de Ortega a abandonar el país en lo que el Vaticano calificó de “decisión injustificada.”
¿QUÉ PASA CON EL ÚLTIMO CONFLICTO IGLESIA-ESTADO?
Las emisoras de radio de la iglesia fueron cerradas por el gobierno el 1 de agosto, y la policía que investiga a Álvarez, el obispo de Matagalpa, lo acusó de “organizar grupos violentos”.
Álvarez ha pedido una profunda reforma electoral para “lograr efectivamente la democratización del país” ytambién exigió la liberación de unas 190 personas que considera presos políticos. El mes pasado organizó un ayuno en protesta por lo que calificó de persecución contra él.
Desde el 3 de agosto, las autoridades han confinado a Álvarez en el complejo episcopal donde vive. Después de seis días sin hacer declaraciones públicas, reapareció el jueves en una misa transmitida en directo por las redes sociales, acompañado por seis sacerdotes y cuatro laicos que tampoco pueden salir del complejo.
La Arquidiócesis de Managua ha expresado su apoyo a Álvarez. La conferencia de obispos católicos latinoamericanos denunció lo que llamó un “asedio” a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas y el “constante acoso” al pueblo y a la iglesia nicaragüense.
El sábado, cientos de nicaragüenses asistieron a una misa bajo una fuerte presencia policial después de que el gobierno prohibiera una procesión religiosa en Managua.
Los líderes de la iglesia anunciaron un día antes que la Policía Nacional había prohibido la procesión prevista para Nuestra Señora de Fátima por razones de “seguridad interna”. En su lugar, la iglesia llamó a los fieles a acudir pacíficamente a la catedral.
¿HA HABIDO ALGUNA RESPUESTA DEL VATICANO?
Durante casi dos semanas, el Vaticano guardó silencio público sobre la investigación de Álvarez. Este silencio suscitó las críticas de algunos activistas de derechos humanos e intelectuales latinoamericanos.
El viernes, Monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente del Vaticano ante la Organización de Estados Americanos, expresó su preocupación por la situación y pidió a ambas partes que “busquen vías de entendimiento.”
Las declaraciones de Cruz se produjeron durante una sesión extraordinaria de la OEA en la que su Consejo Permanente aprobó una resolución de condena al gobierno de Ortega por el “acoso” y las “restricciones arbitrarias impuestas a las organizaciones religiosas y a las que critican al gobierno.”
Cruz dijo que la Santa Sede desea “colaborar con quienes apuestan por el diálogo como instrumento indispensable de la democracia y garante de una civilización más humana y fraterna.”
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Los escritores de Associated Press Nicole Winfield en el Vaticano y Christopher Sherman en Ciudad de México contribuyeron a este informe.
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La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.
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