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Un fabricante de armas estatal indio ha enviado múltiples cañones de artillería a Myanmar en medio de la violenta represión de la disidencia por parte del ejército, según ha denunciado un grupo de activistas.
Myanmar vive una sangrienta guerra civil desde que la junta dirigida por el general Min Aung Hlaing derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en un golpe de Estado en febrero de 2021.
La toma del poder por la junta sumió al país en una crisis económica y de seguridad, haciendo descarrilar décadas de reformas progresistas y provocando nuevas sanciones internacionales.
El fabricante de armas Yantra India Limited envió supuestamente 20 cañones de 122 mm al país del sudeste asiático en octubre del año pasado, según un informe de Justice For Myanmar.
Los cañones, valorados en 330.000 dólares, fueron enviados a la empresa Innovative Industrial Technologies Company Limited, con sede en Yangon, propiedad del corredor de armas del ejército de Myanmar.
Los barriles se utilizaron probablemente para obuses, que son producidos en Myanmar por la Oficina del Jefe de Industrias de Defensa – una unidad del ejército que ha sido sancionada por las potencias occidentales, dijo el grupo.
Yantra India Limited es una empresa oficial del sector público que depende del Ministerio de Defensa indio y cuenta con instalaciones de “fabricación de acero de última generación” para cañones y “otros componentes de cañones de artillería y tanques”, según su sitio web.
“India está apoyando directamente los ataques indiscriminados de la Junta contra la población civil al permitir la exportación de cañones que la Junta utilizará en sus continuas y graves violaciones del derecho internacional”, declaró en un comunicado el portavoz de Justice for Myanmar, Yadanar Maung.
El grupo instó a los miembros del Diálogo Cuadrilateral de Seguridad (el Quad) a utilizar su “influencia” para detener el flujo de armas de India a Myanmar. Además de India, los otros miembros de la Cuadrilateral son Australia, Japón y Estados Unidos.
A principios de enero, el general Hlaing dio las gracias a los países vecinos de Myanmar, incluida India, por “cooperar positivamente con nosotros”.
En diciembre de 2022, Nueva Delhi se abstuvo en la primera resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis de Myanmar, que pedía la liberación de los presos “detenidos arbitrariamente”, incluida Suu Kyi.
Un informe independiente elaborado por otros dos grupos de derechos humanos reveló que la Junta sigue garantizando el suministro de combustible de aviación a pesar de ser ampliamente acusada de llevar a cabo ataques aéreos indiscriminados que han causado la muerte de civiles.
La investigación conjunta de Amnistía Internacional y Global Witness descubrió que uno de los envíos se realizó en el petrolero “Prime V”, que zarpó de Sikka (India) el 28 de noviembre del año pasado.
El buque descargó combustible de aviación de grado Jet A-1 en la antigua terminal Puma Energy Aviation Sun Co Ltd (PEAS) del puerto de Thilawa, en Myanmar, alrededor del 10 de diciembre.
Una de las empresas implicadas en la transacción era la india Reliance Industries Lt, propietaria de la terminal de la que partió el buque.
Otras empresas implicadas fueron Sea Trade Marine, la empresa griega propietaria efectiva del Prime V, y Japan P&I Club, que proporcionó un seguro de protección e indemnización.
El ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, ha defendido anteriormente los lazos de Nueva Delhi con la junta, afirmando que India no puede evitar tratar con su vecino por cuestiones transfronterizas.
“Desde el golpe militar de 2021, los militares han reprimido brutalmente a sus críticos y han atacado a civiles desde tierra y aire. Los suministros de combustible de aviación que llegan a los militares permiten estos crímenes de guerra”, ha declarado Montse Ferrer, de Amnistía Internacional.
“Estos envíos deben detenerse ya”.
Amnistía dijo que había intentado ponerse en contacto con todas las empresas identificadas como implicadas en el envío del Prime V, pero sólo Japan P&I Club respondió, diciendo que cumplía las sanciones aplicables en ese momento. Añadió que su cobertura de seguro puede rescindirse si un buque está implicado en una actividad ilegal. No hay indicios de que el Prime V infringiera las leyes aplicables en esta entrega, según el informe.
Casi 1,2 millones de personas han sido desplazadas internamente en Myanmar y más de 70.000 han abandonado el país en los dos años transcurridos desde el golpe, según estimaciones de la ONU.
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