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Los demócratas en el Congreso están haciendo sonar la alarma sobre lo que afirman es una evidencia creciente de que el jefe de la fiscalía de México – un socio vital de la aplicación de la ley de Estados Unidos – está atacando el poder judicial independiente de la nación y selectivamente apuntando a los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser procesados.
En una carta enviada el miércoles al Secretario de Estado, Antony Blinken, y al Fiscal General, Merrick Garland, el senador Bob Menéndez, el poderoso presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y tres colegas piden al gobierno de Biden que plantee sus preocupaciones directamente a sus homólogos mexicanos.
“El mandato de López Obrador se ha caracterizado por un patrón creciente de procesamientos aparentemente selectivos que apuntan desproporcionadamente a los críticos del gobierno”, según la carta, cuya copia obtuvo The Associated Press. “Los esfuerzos del presidente López Obrador para impulsar iniciativas legítimas de rendición de cuentas deben fortalecer, no desmantelar, las instituciones democráticas y el estado de derecho.”
La carta, que seguramente despertará la ira de López Obrador y sus aliados, se centra en una serie de acciones cuestionables y en lo que consideran “vendettas personales” llevadas a cabo por el Fiscal General Alejandro Gertz Manero.
El máximo fiscal, un estrecho aliado del presidente izquierdista, llamó por primera vez la atención de los funcionarios estadounidenses después de que la administración de Trump abandonara los cambios criminales de narcotráfico contra el ex ministro de Defensa Salvador Cienfuegos y lo devolviera a México con la promesa de que sería investigado en su país.
Pero la investigación contra Cienfuegos se cerró rápidamente y Gertz Manero amenazó más tarde con presentar sus propios cargos contra los fiscales estadounidenses acostumbrados a trabajar de la mano con las fuerzas del orden mexicanas para desmantelar los poderosos cárteles del país.
“Le instamos a que considere seriamente el riesgo de un sistema de justicia debilitado y politizado en México”, según la carta, entre cuyos firmantes se encuentran el senador de Vermont Patrick Leahy, presidente del comité de asignaciones, y los senadores Benjamin Cardin de Maryland y Jeffrey Merkley de Oregón.
López Obrador fue elegido en 2018 con la promesa de barrer la política notoriamente corrupta de México y le gusta pregonar su compromiso con la austeridad tomando vuelos comerciales y viviendo en un modesto apartamento en lugar de la lujosa residencia presidencial.
Pero los críticos dicen que tales movimientos son acrobacias populistas y distraen de una preocupante acumulación de poder, del incumplimiento de las promesas de campaña y de los repetidos ataques a los opositores que socavan el estado de derecho en el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos. Este domingo, se espera que sus partidarios le den otro empujón cuando se dirijan a las urnas para un referéndum, el primero de su clase, sobre si se le debe permitir terminar su mandato de seis años, algo que nunca ha estado en duda y que muchos ven como un espectáculo secundario.
En su carta, los demócratas critican a López Obrador por atacar públicamente a un juez que falló en contra de sus políticas energéticas, por impulsar un plan aparentemente inconstitucional para ampliar el mandato de un presidente de la Corte Suprema que le es afín y por pedir la renuncia del máximo tribunal electoral de México.
También se preocupan por los cargos penales presentados contra Ricardo Anaya, un prominente opositor conservador de López Obrador.
Anaya, que quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2018, fue acusado el año pasado de lavado de dinero en relación con un presunto soborno que recibió a cambio de su apoyo a un proyecto de ley de reforma energética. Los cargos se basan en el testimonio del exdirector de la petrolera estatal mexicana, quien afirma que por instrucciones del predecesor de López Obrador pagó a legisladores, incluyendo 525.000 dólares a Anaya, para que votaran a favor de la reforma.
Algunos han cuestionado la solidez de las pruebas, dado que el supuesto soborno se pagó meses después de la aprobación de la reforma, cuando Anaya ya había dejado el cargo. Desde entonces, Anaya ha huido de México y vive en Estados Unidos.
López Obrador ha desestimado las afirmaciones de ajuste de cuentas en el caso de Anaya y en otros casos como “mentiras” y “falsedades” promovidas por opositores para debilitar su gobierno.
No hubo respuesta inmediata ni de su oficina ni de la del fiscal general cuando la AP les envió una copia de la carta.
Bajo la dirección de Gertz Manero, la fiscalía mexicana tampoco ha investigado seriamente a los aliados del presidente, según la carta. Esto incluye acusaciones de lavado de dinero y violaciones a la ley de finanzas contra el hermano del presidente, quien fue captado en video recibiendo dinero en efectivo de un partidario de la campaña. López Obrador ha defendido lacontribuciones como legítimas.
Los demócratas también acusan a Gertz Manero de presionar asuntos personales mientras está en el cargo.
Entre ellos, el intento de encerrar a 31 científicos en una prisión de máxima seguridad porque, según él, recibieron indebidamente unos 2,5 millones de dólares de financiación gubernamental hace años. Las leyes de la época permitían esa financiación, y los investigadores dicen que no se malgastó. Los críticos dicen que los cargos son una venganza por la negativa de los investigadores a reconocer las credenciales académicas del propio Gertz Manero.
También se puede escuchar al fiscal general en una grabación recientemente filtrada de una conversación con un colega insultando a un juez del Tribunal Supremo. En la grabación, Gertz Manero afirma que el juez no hace caso a las peticiones de que el máximo tribunal mantenga en prisión a una sobrina a la que culpa de la muerte de su hermano mayor, que falleció mientras estaba a su cargo.
Gertz Manero ha reconocido haber obtenido una copia anticipada de una propuesta de dictamen del Tribunal Supremo en la que se recomendaba la puesta en libertad de la pariente, algo que a muchos les pareció un potencial conflicto de intereses.
Pero afirma que recibió el dictamen del tribunal porque estaba actuando en el caso como familiar del fallecido, no como fiscal general.
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El periodista de AP Mark Stevenson en la Ciudad de México contribuyó a este informe.
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