China está celebrando la finalización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. La ceremonia de clausura del domingo por la noche puso fin a unos controvertidos Juegos que serán recordados por un gran escándalo de dopaje y por las restricciones extremadamente estrictas de Covid que limitan los movimientos de atletas, funcionarios y periodistas.
Pero mientras el circo olímpico sigue adelante, para las familias de los musulmanes uigures atrapados en los campos de detención de la provincia de Xinjiang el evento deportivo ha servido de “bofetada” y de ejemplo descarnado de la inacción mundial ante su difícil situación.
Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU ha dicho anteriormente que tiene informes creíbles de que más de un millón de uigures han sido detenidos por las autoridades chinas en una campaña que algunos críticos han descrito como “genocidio cultural”. El gobierno chino afirma que los centros de detención son centros de formación profesional voluntaria, y en vísperas de los Juegos aceptó una visita a la región de la jefa de derechos de la ONU, Michelle Bachelet, con la condición de que el viaje fuera “amistoso”.
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