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La esposa del activista político nicaragüense Félix Maradiaga dijo a los periodistas que su marido había perdido más de 65 libras durante su año de prisión y que temía por su salud.
Un día después, el gobierno del presidente Daniel Ortega llevó al ex potencial aspirante a la presidencia ante las cámaras para una audiencia inusual y no programada previamente para ratificar la sentencia de 13 años de prisión que ya había recibido a principios de este año.
El hecho de que se invitara a un medio de comunicación progubernamental, pero no a la familia de Maradiaga -o a sus abogados-, demostró la intención del gobierno de desafiar la condena internacional por su amplia represión de los disidentes. Las imágenes de la comparecencia del fin de semana mostraron que Maradiaga estaba delgado, pero parecía caminar y hablar sin dificultad.
Maradiaga no había sido visto públicamente desde su arresto en junio de 2021 – una de las casi 190 personas que son consideradas presos políticos por los grupos de derechos humanos y el Departamento de Estado de EE.UU., incluyendo otros seis que podrían haber desafiado a Ortega por la presidencia en las elecciones de noviembre pasado. Ninguno de ellos había sido visto en imágenes o vídeo desde sus detenciones hasta la breve comparecencia de Maradiaga en el tribunal el sábado.
“El gobierno montó un espectáculo, una escena de tortura pública transmitida en directo al pueblo” con el objetivo de infundir más miedo, dijo Wilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Ella misma es una antigua presa política de la dictadura de Anastasio Somoza, a quien Ortega ayudó a expulsar del poder en 1979.
Estados Unidos y la Unión Europea han pedido la liberación de los presos y han denunciado la victoria electoral de Ortega en noviembre como una farsa. Han impuesto sanciones a miembros de su familia y de su círculo íntimo, pero su gobierno ha seguido realizando detenciones al tiempo que ha expulsado del país a la prensa independiente y a grupos no gubernamentales, la última vez la semana pasada a las monjas de la organización benéfica creada por la Madre Teresa.
Jared Genser, profesor de derecho con sede en Estados Unidos y destacado abogado de derechos humanos que representa a Maradiaga y a Juan Sebastián Chamorro, dijo en una conferencia de prensa en línea el jueves con la esposa de Maradiaga y los familiares de otros presos que la situación de los presos políticos en Nicaragua es una de las peores que ha visto durante su carrera.
La esposa de Maradiaga, Berta Valle, dijo en la conferencia que a su marido y a otros se les mantiene en celdas insalubres, se les da mala comida y se les priva de atención médica para enfermedades crónicas. No se les da material de lectura ni se les permite visitar a sus hijos, dijo.
“Nuestros familiares sienten que le están haciendo un daño a su salud que puede ser irreversible”, dijo Valle. Ella misma huyó a Estados Unidos y ha sido informada de su estado por dos hermanos que a veces han podido visitarlo.
Núñez dijo que entre los aspectos más preocupantes para la familia está la falta de comunicación. Dijo que el “limbo informativo” genera “desesperación y angustia”.
Valle dijo que no se había enterado de la audiencia del sábado para su esposo antes de ver un video de la misma. Y dijo la semana pasada que ni siquiera sabía que su marido había iniciado una huelga de hambre una semana antes para protestar por las condiciones de su encarcelamiento.
Maradiaga fue condenado por atentar contra la integridad nacional, un cargo que se aplica también a muchos otros disidentes. Él niega la acusación.
Tras la comparecencia del sábado ante el tribunal, un periodista de un medio de comunicación afín al gobierno puso un micrófono a Maradiaga y le preguntó por qué estaba “mintiendo” sobre su salud. Maradiaga parecía confundido por la pregunta y no era consciente de que fuera de la prisión había un debate público sobre su bienestar.
Respondió que estaba recluido en total aislamiento y sometido a un juicio político.
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