Un año después de que las mayores protestas en décadas sacudieran al gobierno monopartidista de Cuba, cientos de personas que participaron están en prisión y los factores económicos y políticos que provocaron las manifestaciones permanecen en gran medida.
Las calles y las plazas públicas se llenaron de manifestantes los días 11 y 12 de julio de 2021, algunos respondiendo a los llamamientos de las redes sociales, otros uniéndose espontáneamente para expresar su frustración por la escasez, las largas colas y la falta de opciones políticas.
Desde entonces, algunas cosas han cambiado: el gobierno del Partido Comunista ha realizado su apertura más amplia -aunque todavía limitada- en seis décadas a la empresa privada, autorizando a las pequeñas y medianas empresas. Y el alivio de la pandemia del COVID-19 ha permitido una reactivación gradual de la crítica industria del turismo.
Pero la economía en general sigue siendo nefasta, con largas colas y precios en rápido aumento para productos limitados. Esto ha alimentado un enorme aumento de la migración, principalmente hacia los Estados Unidos.
Además, la economía sigue estando presionada por las sanciones de Estados Unidos. Si bien el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aliviado algunas, como permitir que los residentes estadounidenses envíen más dinero a sus familiares cubanos y procesar algunas visas en Cuba, ha sido lento en implementar sus promesas de campaña para revertir muchas de las otras restricciones impuestas por el ex presidente Donald Trump. Ese compromiso puede haberse retrasado aún más por la represión del gobierno cubano en las protestas, que agrió el ambiente para cualquier concesión aparente de Washington.
Sin embargo, las protestas lo cambiaron todo para la familia Román del barrio habanero de La Guinera.
Tres de los miembros de la familia fueron arrestados el 12 de junio de 2021 y dos siguen encarcelados.
“No han cometido un delito tan grave que justifique ese castigo”, dijo Emilio Román, de 51 años, cuyo hijo Yosney, de 26 años, trabajador de la construcción, y su hija Mackyanis, de 24 años, ama de casa, fueron condenados a 10 años de prisión por cargos de sedición en marzo. Su hija menor, Emiyoslan, de 18 años, fue puesta en libertad condicional porque era menor de edad cuando fue detenida.
También se detuvo a tres primos, dos de los cuales han sido encarcelados también durante 10 años.
Las autoridades no han dicho cuántas personas fueron detenidas durante las protestas que se produjeron en docenas de lugares de todo el país, pero una organización independiente formada para seguir los casos, Justicia 11J, ha contado más de 1.400.
La fiscalía nacional dijo en junio que los tribunales habían impuesto 488 sentencias a los manifestantes, de hasta 25 años de prisión.
“El gobierno ha demostrado su naturaleza autoritaria”, dijo Giselle Morfi, una abogada cubana ahora radicada en México que trabaja con Cubalex, un grupo de ayuda legal centrado en los derechos humanos en Cuba. “El Estado criminaliza el ejercicio de derechos fundamentales que deberían estar protegidos dentro de cualquier sociedad democrática, como la libertad de expresión, y estigmatiza la protesta”.
Dijo que la represión pretende disuadir a los cubanos de cualquier nueva ola de protestas.
Uno de los que convocó más manifestaciones -sin éxito- el pasado noviembre, el dramaturgo Yunior García, acabó abandonando el país.
Las autoridades insisten en que los detenidos no son presos políticos, sino personas que han violado las leyes contra el desorden público, el vandalismo o la sedición, a menudo por instigación de grupos opositores con sede en Estados Unidos que utilizan las redes sociales para atacar al Estado socialista.
Tras una campaña de inoculación masiva con vacunas desarrolladas en la propia Cuba, las autoridades afirman no haber visto ninguna muerte por COVID-19 en más de un mes. Los hoteles y las rutas aéreas cerradas durante más de un año han vuelto a abrirse, algo crucial para un país que depende en gran medida del turismo extranjero para obtener las divisas necesarias para importar alimentos y otros bienes cruciales.
Cuba registró sólo 573.000 visitantes extranjeros el año pasado, frente a los 4,2 millones de 2019.
Sin embargo, siguen existiendo largas colas para adquirir combustible y alimentos, y los cortes de energía son comunes tras la caída económica inducida por la pandemia del 11% en 2020 y un débil repunte del 2% en 2021.
“Esos funcionarios cubanos se niegan a aceptar las tres claves económicas más simples de la crisis: el desayuno, el almuerzo y la cena”, dijo Domingo Amuchástegui, ex diplomático cubano. Sostiene que la apertura a la pequeña empresa privada es aún demasiado limitada.
“Se está ignorando la gran lección de China y Vietnam”, dijo, refiriéndose a las naciones dirigidas por el comunismo que han hecho aperturas mucho más amplias a la empresa privada.
Aun así, el Ministerio de Economía de Cuba anunció a mediados de junio que se habían aprobado 3.980 pequeñas y medianas empresas privadas desde septiembre, creando 66.300 puestos de trabajo.
La otrora poderosa industria azucareraLa industria logró producir sólo 480.000 toneladas métricas en la última cosecha, algo más de la mitad de la producción prevista e insuficiente para cumplir los contratos con el extranjero.
Pero quizás el golpe más duro para la mayoría de los cubanos es la inflación que siguió a la eliminación del antiguo sistema de doble moneda del país, una reforma largamente discutida que finalmente llegó en medio de otras crisis.
Mientras que el peso recién unificado cotiza oficialmente a 24 por dólar, los precios en la calle son de 100 a 1.
Una de las consecuencias más visibles de la crisis económica – y en menor medida de la represión – es el fuerte aumento de la emigración.
La Patrulla de Aduanas y Fronteras de EE.UU. registró el encuentro de unos 140.000 cubanos en las fronteras terrestres de EE.UU. desde el comienzo del año fiscal en octubre hasta mayo – una cifra que supera incluso el dramático éxodo del Mariel de 1980, cuando 125.000 cubanos llegaron a los EE.UU.
Y la Guardia Costera de EE.UU. ha informado de la interceptación de 2.464 migrantes cubanos en el mar – también un salto con respecto a los últimos años.
“Cada vez hay menos jóvenes dispuestos a hacer una vida en el país”, dijo el abogado y analista político de origen cubano Luis Carlos Battista, quien dijo que la pérdida es económicamente perjudicial para una pequeña nación con una población envejecida que trata de hacer frente a las sanciones económicas de Estados Unidos.
“Podría ser fácilmente que ese 1,5% de la población cubana se haya ido en sólo 10 meses”, dijo.
Comments