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Un hogar de acogida del norte de Japón ha admitido haber impuesto como condición a los residentes con enfermedades mentales un tratamiento de esterilización si deseaban casarse o vivir juntos en el centro.
El hogar gestionado por Asunaro Social Welfare Service Corporation en Esashi, Hokkaido, ha hecho de la esterilización un requisito para las parejas con enfermedades mentales durante más de 20 años, dijo el domingo.
Al menos 16 residentes u ocho parejas aceptaron la condición y se sometieron a la esterilización a lo largo de dos décadas, declararon los gestores. Se comunicó a los residentes que la residencia no podía ofrecer servicios de guardería por carecer de la experiencia necesaria.
Los hombres tenían que someterse a una vasectomía, mientras que a las mujeres se les obligaba a llevar anillos anticonceptivos.
En una violación de los derechos reproductivos, se pidió a quienes se negaron a optar por la esterilización que abandonaran el centro y se les amenazó con poner fin a su ayuda laboral.
Hidetoshi Higuchi, que dirige la empresa, declaró a Kyodo News: “¿Quién asumirá la responsabilidad cuando sean incapaces de criar a sus hijos? No podemos garantizar la vida de un recién nacido”.
Añadió que ningún residente abandonó el hogar colectivo debido al requisito de esterilización.
El Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar de Japón declaró que estaba estudiando las denuncias. “La dignidad humana debe protegerse con independencia de que tengan o no una discapacidad”, declaró un funcionario, añadiendo que el trato a los enfermos mentales era “inapropiado si es cierto”.
Japón tiene un historial de esterilizaciones forzosas, en las que se obligó a casi 16.500 personas a someterse a tratamientos para evitar el nacimiento de “descendientes de baja calidad” entre 1948 y 1996.
En 2019, el Gobierno de Shinzo Abe emitió una disculpa y concedió una indemnización a las personas con discapacidad que fueron esterilizadas a la fuerza en virtud de una ley de eugenesia ya desaparecida.
A principios de este año, el país se sometió a una revisión política por parte de un comité de la ONU que se ocupa de los derechos de las personas con discapacidad.
En septiembre, el grupo de expertos pidió a Japón que abordara los problemas relacionados con el trato a las personas con discapacidad, incluida la prolongada institucionalización de los enfermos mentales.
Japón ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2014, tras su adopción en 2006.
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