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Dos días después de que el Congreso de Guatemala aprobara un proyecto de ley que aumenta las penas para las mujeres que interrumpen su embarazo, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y prohíbe la discusión de la diversidad sexual en las escuelas, el presidente Alejandro Giammattei pidió al Congreso que lo retirara o se enfrentara a su veto.
Fue un giro sorprendente para el presidente.
A última hora del martes -Día Internacional de la Mujer- el Congreso de Guatemala aprobó la ley de “Protección de la Vida y la Familia” por un amplio margen.
El miércoles, que el Congreso de Guatemala declaró “Día de la Vida y la Familia”, Giammattei dijo en un discurso en el Palacio Nacional: “Este evento es una invitación a unirnos como guatemaltecos para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural.”
Pero en otro discurso el jueves, el presidente dijo que la legislación violaba dos convenciones internacionales de las que Guatemala era signataria, así como la Constitución de Guatemala. No especificó qué disposiciones estaban en violación, pero enfatizó que la legislación no se había originado en su oficina a pesar de que había declarado a Guatemala como la “Capital Iberoamericana para la Vida.”
Giammattei dijo que había dicho al presidente del Congreso que o archivaba la legislación o esperaba el veto del presidente.
Según la legislación, las mujeres guatemaltecas condenadas por interrumpir sus embarazos se enfrentarían ahora a penas de hasta 10 años que antes eran de un máximo de tres. El Congreso impuso penas aún más severas para los médicos y otras personas que ayuden a las mujeres a interrumpir sus embarazos.
Los abortos son legales sólo cuando la vida de la madre está en peligro.
La legislación guatemalteca también prohibió explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo -que ya era efectivamente ilegal- y prohibió que las escuelas enseñaran cualquier cosa que pudiera “desviar la identidad (de un niño) de acuerdo con su género de nacimiento.”
Una organización conservadora guatemalteca, la Asociación Cuestiones de Familia, había dado la voz de alarma el miércoles, pidiendo a Giammattei un análisis técnico de la legislación antes de firmarla para evitar que se violen la Constitución y los derechos de los guatemaltecos.
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