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El gobierno del primer ministro Mario Draghi aprobó el viernes una reforma clave del criticado sistema judicial italiano, que imposibilita a los magistrados saltar directamente de la carrera judicial a la política y viceversa.
Las reformas del sistema judicial del país son uno de los requisitos impuestos por la Unión Europea para que Italia reciba miles de millones de euros en fondos para la recuperación de la pandemia.
En las últimas décadas, Silvio Berlusconi, el ex primer ministro de centro-derecha, ha presionado para que se reformen las normas de los magistrados y ha afirmado que los fiscales de izquierdas le han atacado a él y a su imperio mediático para perjudicarle políticamente.
En una reunión del Consejo de Ministros celebrada el viernes, el Gobierno decidió varias medidas para limitar la alternancia de los magistrados entre sus funciones de justicia y la política, tanto a nivel nacional como local.
El Parlamento debe ahora asumir las reformas para convertirlas en ley.
Según las medidas, los magistrados que se presenten a las elecciones no podrán hacerlo en las regiones en las que hayan ejercido como jueces o fiscales en los tres años anteriores. Si son elegidos, una vez finalizado su cargo político, no podrán ejercer ninguna función judicial, sino que serán destinados a funciones administrativas en el Ministerio de Justicia. Para aquellos magistrados que se presenten a un cargo político pero no sean elegidos, deberán pasar tres años antes de que puedan volver a desempeñar funciones judiciales.
La reforma pretende acabar con la práctica de “magistrados de puerta giratoria que asumen un cargo político”, dijo la ministra de Justicia, Marta Cartabia, a los periodistas tras la reunión del Consejo de Ministros.
La propia ex jefa del Tribunal Constitucional italiano está ahora en el Gabinete en un papel no político, parte del gobierno de unidad pandémico formado el año pasado por Draghi, quien, como ex jefe del Banco Central Europeo es también un tecnócrata.
“Nos debemos a los ciudadanos, que tienen derecho a recuperar la plena confianza en nuestro sistema judicial”, dijo Cartabia.
La carrera de magistrado no pocas veces ha servido de trampolín a la política. Un ejemplo es el de Antonio Di Pietro, uno de los fiscales milaneses de Manos Limpias cuyas investigaciones sobre sobornos en la década de los 90 barrieron a toda una clase política. Poco después, Di Pietro saltó a la política, convirtiéndose en ministro y formando su propio movimiento político de centro-izquierda.
El sistema judicial italiano, a menudo lento, se considera un factor que desanima a los inversores y empresarios a hacer negocios en Italia.
“En general, una justicia predecible, segura y en tiempo rápido favorece la inversión extranjera”, dijo Draghi. Pero una revisión más completa del sistema judicial italiano todavía “es un camino largo”, dijo.
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