La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el viernes a Perú que “se abstenga” de liberar al encarcelado ex presidente Alberto Fujimori pese a la sentencia del Tribunal Constitucional del país sudamericano que ordenó su excarcelación.
El tribunal regional de derechos humanos dijo en una resolución publicada en su página web que “la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo de 2022, que restablece los efectos del indulto a favor de Alberto Fujimori, no cumplió con las condiciones determinadas”.
El fiscal especial Carlos Reaño dijo a The Associated Press que las autoridades mantendrían detenido a Fujimori, de 83 años, a pedido del tribunal regional. Fujimori está recluido en una prisión exclusiva donde es el único prisionero.
Partidarios de Fujimori se habían reunido fuera de la prisión con la esperanza de ver su liberación, mientras que los que se oponen a dejarlo salir han protestado en el centro de Lima
En 2009 Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por ser el autor intelectual de 25 asesinatos llevados a cabo por un escuadrón militar clandestino en dos masacres ocurridas durante su mandato (1990-2000). Los militares mataron impunemente y con el apoyo de su gestión en el marco de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Una de las matanzas ocurrió en una zona llamada Barrios Altos -donde 15 vecinos fueron asesinados durante una fiesta, entre ellos un niño- y la otra en La Cantuta, universidad que forma maestros de escuela, en la que murieron nueve estudiantes y un profesor.
Además de la sentencia de 25 años, el ex presidente está condenado en otros tres casos de corrupción por los que debe 13,6 millones de dólares.
En la Nochebuena de 2017, el entonces presidente Pablo Kuczynski concedió a Fujimori un indulto humanitario a cambio del apoyo a su débil Gobierno de legisladores cercanos al exmandatario. Pero la Corte Suprema del país lo anuló en 2018 y ordenó que el exmandatario regresara a prisión para cumplir su condena por abusos contra los derechos humanos.
La decisión del Tribunal Constitucional de mediados de marzo restableció el indulto humanitario, pero ante el temor de que pudiera quedar en libertad, el tribunal regional de derechos humanos solicitó el 30 de marzo que Perú no liberara a Fujimori hasta que pudiera examinar el caso. Escuchó a los familiares de las víctimas y a representantes del Estado peruano, antes de emitir la resolución del viernes, que no puede ser recurrida.
Fujimori, que gobernó entre 1990 y 2000, sigue siendo una figura polarizadora en el país andino. Algunos peruanos lo alaban por haber derrotado a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, mientras que otros lo detestan por las violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo bajo su gobierno.
Fujimori, antiguo profesor de matemáticas, era un outsider político cuando salió de la oscuridad para ganar las elecciones presidenciales de Perú en 1990 al escritor Mario Vargas Llosa.
Perú estaba asolado por una inflación galopante y la violencia de la guerrilla cuando asumió el poder. Rápidamente reconstruyó la economía con privatizaciones masivas de industrias estatales. Derrotar a los fanáticos rebeldes de Sendero Luminoso le llevó más tiempo, pero su lucha le granjeó un amplio apoyo.
Pero su presidencia se derrumbó tan dramáticamente como su ascenso al poder.
Tras cerrar brevemente el Congreso y presentarse a un tercer mandato, Fujimori huyó del país en desgracia en 2000, después de que se filtraran cintas de vídeo que mostraban a su jefe de espionaje, Vladimiro Montesinos, sobornando a legisladores. Fujimori viajó a Japón, patria de sus padres, y envió su dimisión por fax.
Cinco años después, sorprendió a partidarios y enemigos cuando voló al vecino Chile, donde fue detenido y extraditado a Perú. El objetivo de Fujimori era volver a presentarse como candidato a la presidencia de Perú en 2006, pero en lugar de ello fue juzgado.
Su hija, Keiko Fujimori, fue candidata presidencial el año pasado y prometió liberarlo si salía elegida. Pero Pedro Castillo la derrotó en segunda vuelta.
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